Un salto gigante: La doctrina general admite el referéndum unilateral de autodeterminación

Por Llorenç Prats

Barcelona (INCAT-L’Unilateral).- Una cantidad importante de juristas, estudiosos de leyes y su jurisprudencia, han suscripto y presentado públicamente un manifiesto o toma de posición doctrinal sobre la conveniencia y la legalidad de un referéndum para el pueblo de Cataluña. La nación catalana tiene este derecho político, tanto por su naturaleza, de país plenamente identificado y reconocido, como por la voluntad de sus habitantes, según las doctrinas más modernas de los derechos de gentes.

El sometimiento a las leyes del Estado español, por lo tanto, lejos de ser un inconveniente para defender estas tesis, para muchos juristas, es una buena oportunidad para desarrollar todo el alcance de los tratados internacionales que el Reino de España tiene suscriptos sobre estos asuntos. El ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos y la defensa de los derechos y libertades fundamentales.

Sin embargo, todo sería demasiado sencillo, y quien si sabe si poco útil para los abogados, si no fuera porque España está en contra, y no ve ninguna necesidad. Se escuda, con cierta lógica, en que el régimen establecido por la Constitución española ya fue del todo discutido en su momento, fijando, definitivamente su juicio, incluyendo cómo se debe seguir si hay que hacer una reforma a fondo de su contenido.

Este poderoso instrumento jurídico de regulación fundamental, que dispone incluso de un tribunal propio (el Tribunal Constitucional) no se puede negar que sufre de dos vicios ciertamente invalidantes: el momento en que se redactó e incluso votar, la 1978, después de 40 años de régimen de terror, represión y persecución, por una parte, y también que todo él está en manos de unos magistrados especiales, que escogidos de forma muy politizada y ciertamente parcial, permiten tergiversar algunos de los pactos implícitos o no escritos, propiamente, que contiene la Carta Magna.

La actividad del Tribunal Constitucional, como órgano de regulación y resolución de conflictos políticos, o derivados del derecho público, no es estrictamente una función jurisdiccional en la que los presuntos delincuentes deben ser cuestionados y juzgados. Sin embargo, ahora sí que lo es, por escándalo del mundo civilizado, y actuará como un órgano represor de las ansias de libertad y de mejora del sistema público de convivencia (modificación de la ley orgánica del TC de 2015 que él mismo ha validado, siendo juez y parte de un proceso ciertamente poco contradictorio, si como tal se erige como órgano jurisdiccional).

Cuando el TC debe preocuparse del cumplimiento de sus resoluciones es que alguna grave falla entre las instituciones. El diálogo político al margen de la lealtad institucional y la corresponsabilidad pública no tiene sentido, y pone en evidencia una crisis política de grandes dimensiones.

La negativa del bloque constitucional, por las razones anteriores, bloquea una salida ordinaria a la situación catalana, y por tanto, se admite ya como necesaria una salida extraordinaria, de forma motivada y justificada, al amparo de las leyes internacionales. Esta opinión ya se está generalizando y no entiende ajena al derecho vigente, salvando la necesidad de mantener su integridad democrática, pacífica y participativa.

El error jurídico de partida, que se inculca a todo buen letrado desde su nacimiento, es hablar de la supremacía de la Constitución, y no de los principios informadores de ésta: los derechos humanos y las libertades fundamentales, como por otra banda más de 600 juristas nos han recordado.-

crc