En España, impedir votar es democrático y votar es antidemocrático

Por Carlos Rubén Capdevila

                           Puigdemont y Rajoy, dos presidentes enfrentados profundamente.

La Plata (Comentario editorial de Incat).- Es cierto que la opinión pública mundial está relativamente familiarizada con los acontecimientos que se vienen desarrollando en Cataluña, como consecuencia de que fue in crescendo el número de informaciones originadas en esa nación integrada a Castilla en 1714 (luego España), pero también es cierto que cuando los acontecimientos se precipitan, muchos medios informan y desinforman en iguales proporciones y la gente común pide mayores precisiones o –al menos– pretende saber “qué está pasando y por qué”.

No entraré en relatos históricos de cuando los Países Catalanes (Baleares, Cataluña y Valencia) perdieron la guerra de sucesión por la corona de Castilla, sólo recordaré que la Guerra de Sucesión (mal llamada española) fue un conflicto dinástico iniciado tras la muerte sin descendencia del rey Carlos II de Austria. El trono de Castilla podía eventualmente recaer en Felipe V de Borbón, nieto del rey francés Luís XIV, por lo que el temor de muchas potencias europeas a una unión dinástica entre Francia y Castilla hizo que apoyaran al archiduque Carlos de Austria en sus pretensiones al trono.

El conflicto se convirtió en una feroz guerra internacional que decidiría para siempre los destinos de toda Europa aunque –curiosamente– marcó el punto final para Castilla (luego España) como potencia hegemónica, convirtiéndose a partir de entonces en un país de segunda línea en franca decadencia. El conflicto sucesorio se convirtió además en una verdadera guerra civil entre las coronas de Castilla y de Cataluña y Aragón, que se saldó con la perdida de los históricos fueros aragoneses y catalanes.

En 1714, al caer Barcelona frente a las tropas de castellanos, mercenarios y franceses, luego de que Gran Bretaña abandonara la alianza antiborbónica a cambio de que Castilla le cediera el Peñón de Gibraltar y Menorca, Cataluña perdió todos sus derechos, marcando el Decreto de Nueva Planta la liquidación de las centenarias instituciones catalanas. Desde entonces, la férrea dominación colonial a que fue sometida Cataluña recién comenzó a ceder a fines del siglo XIX y principios del XX.

La fuerza de los catalanes en actividades comerciales e industriales diversas, hizo crecer el deseo de recuperar la independencia aunque –debe quedar muy claro– siempre en forma pacífica, procurando acuerdos, negociaciones y análisis de posibilidades. Pero la situación actual se inició en 2009, cuando se mutiló brutalmente el nuevo estatuto catalán que había sido aprobado por el pueblo en elecciones, por el Parlamento y finalmente por las Cortes en Madrid. El Tribunal Constitucional borró todas las mejoras que contenía ese nuevo articulado autonómico y allí la población se hartó. Comenzaron las manifestaciones pacíficas con millones de personas cada 11 de setiembre, Día Nacional de Cataluña, y se consiguió que en el Parlamento catalán hubiese –votos mediante– mayoría de diputados independentistas, los que trazaron un plan de desconexión de España, a la vez que intentaron una y mil veces que Madrid se sentara a negociar algún tipo de acuerdo.

Se insistió con la vía negociadora y –paralelamente– como la historia de España enseña que no hay manera de que Madrid se siente jamás a buscar soluciones pacíficas y por eso fue perdiendo todas sus colonias, hasta llegar al gran contrasentido de estos días en que el proceso soberanista siguió adelante y este miércoles el Parlamento aprobara la llamada Ley de Referéndum y el jueves la de Transitoriedad. Todo en un clima surrealista donde la justificación española para no permitir un plebiscito se basa en que “votar es antidemocrático”, porque la Constitución no lo contempla, de lo cual se infiere que para el gobierno del Partido Popular (y también para el PSOE) “votar es antidemocrático”.

Lo que se considera de mayor gravedad aún es que desde Cataluña se solicita sólo que se permita ejercer el derecho a decidir de los catalanes, con el compromiso de que si gana el SI habrá desconexión, pero si se impone el NO, inmediatamente habrá elecciones legislativas para que un nuevo gobierno conduzca las relaciones con el Palacio de la Moncloa.

Desconociendo esta circunstancia, España ha desplegado una batería de medidas legales y seudolegales en contra de los dirigentes independentistas catalanes y cada día que pasa aprieta más y más, procesa, ensucia, embarra, inventa historias y retacea el apoyo hasta en cuestiones antiterroristas, tal como quedó plasmado en torno a los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils. Carles Puigdemont y Mariano Rajoy representan a dos mundos tan opuestos como puede darse entre la racionalidad y la irracionalidad.

Y como se preveía, parafraseando a Julio César, Cataluña ha cruzado el Rubicón. No hay marcha atrás. Se vienen días intensos y cargados de presagios funestos ya que se espera que Madrid eche mano a cualquier tipo de recursos para impedir el proceso, aún cuando quede manchada su imagen internacional como la de un poder ejecutivo fascista y continuador de Francisco Franco, si se lo compara con Gran Bretaña y Canadá, cuyos gobiernos autorizaron sendos plebiscitos en Quebec y Escocia.-

crc