La juez de la Audiencia Nacional acepta enviar al Tribunal Supremo la causa contra el Govern

La inhibición de la magistrada en favor del TS atisba una posible moderación del proceso judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que la causa contra el Govern cesado por rebelión debe acumularse a la causa abierta por el Tribunal Supremo por los mismos hechos a la mesa del Parlament porque se está investigando a los miembros de una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Catalunya y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario. Lamela no aclara qué tribunal debe acumular la causa pero al haber aforados el Supremo es el único que lo podría agrupar.

La juez entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.

Este es el sentido del informe que la juez de la Audiencia Nacional remitió ayer al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, en relación la posible acumulación de las causas abiertas en relación con el proceso secesionista de Catalunya.

Para la juez, los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, “sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.

Un plan común

La juez Lamela entiende que debe ser el juez Llarena quien asuma toda la investigación, en contra el criterio de la Fiscalía, al sostener que “de lo actuado hasta el momento hay elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Catalunya y su proclamación como república independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Omnium, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

Según Lamela, desde las elecciones de 2015 se ha desarrollado un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la reiterada desobediencia a las resoluciones de ese Tribunal, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado.

Reparto de funciones

Desde ese reparto de funciones, Lamela argumenta que la actividad de los miembros del Govern perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.

Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del “proceso de desconexión”, la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas.