La complicada aritmética de la Mesa del Parlament

El soberanismo debe obtener al menos 66 votos en la cámara para asegurarse el control de la mesa, y los diputados encarcelados o exiliados lo pueden dificultar.

Las elecciones del 21-D supusieron la renovación de la mayoría independentista en el Parlament de Catalunya. JxCAT, ERC y la CUP sumaron 70 diputados y se aseguraron así el control de la cámara. Sin embargo, la inclusión en las listas de candidatos cuya situación judicial –o bien están encarcelados o bien están bajo un orden de arresto en España– dificulta su presencia física en el Parlament y puede poner en peligro una mayoría efectiva en las votaciones. La primera votación tendrá lugar el próximo 17 de enero, el día de la constitución del Parlament, con la votación de la Mesa.

Ciutadans, el partido que más escaños otuvo en las elecciones, sabe que estas circunstancias podrían favorecerle y por eso tratará de colocar a su candidato, José María Espejo-Saavedra, en la Presidencia de la cámara, algo que se aventura complicado. Se aprovecharía así de que las cuentas podrían no salirle al bloque independentista si no todos los diputados electos están presentes en el Parlament.

Los 66 escaños necesarios

El número clave es el 66, que son los diputados que el independentismo necesita que estén presentes físicamente en el pleno del Parlament para asegurarse el control de la Mesa. Si bien la mayoría absoluta se sitúa en los 68, incluso los soberanistas pueden llegar a prescindir de dos de sus diputados para lograr imponerse por mayoría simple al resto, ya que el bloque constitucionalista (Cs, PSC y PP) suma 57 escaños y, si a este se le suman los 8 diputados de Catalunya en Comú, alcanzan los 65.

El principal problema es que hay hasta ocho diputados cuya situación judicial hace peligrar su presencia en la cámara y, en consecuencia, la efectividad de la mayoría independentista. Se trata de los tres diputados electos encarcelados en Estremera y Soto del Real, el vicepresident Oriol Junqueras y los miembros de JxCAT, Jordi Sànchez y Joaquim Forn; y de los cinco consellers exiliados en Bélgica: el president Carles Puigdemont, Lluís Puig y Clara Ponsatí (JxCAT), y Antoni Comín y Meritxell Serret (ambos de ERC).

Los permisos, en manos de los jueces

En el caso de los diputados encarcelados, una de las incógnitas a resolver es si el juez que les mantiene en prisión, Pablo Llarena, podría considerar permisos para que los tres diputados electos hicieran acto de presencia en la cámara el día de las votaciones. Existe un precedente, de 1987 en el que el preso acusado de terrorismo y candidato a lehendakari por Herri Batasuna, Juan Carlos Yoldi, tuvo un permiso de la Audiencia de Pamplona para abandonar la prisión y acudir a la sesión de investidura en la que se presentaba como candidato a presidir la lehendekaritza.

Con este precedente, los abogados de los políticos presos defienden que la concesión de los permisos no debería suponer un problema para el juez del Supremo, y más teniendo en cuenta que, en su condición de presos preventivos –es decir, sin que ni siquiera se haya abierto juicio oral contra ellos–, deben poder ejercer sus derechos políticos, de la misma manera que pudieron presentarse en listas electorales. Sin embargo, otros expertos han apuntado que la concesión del permiso es difícil y que solo se da en casos muy especiales, del mismo modo que no se da a presos que alegarían acudir al trabajo. En todo caso, todo dependerá de cómo lo interprete el instructor.

La renuncia necesaria de los diputados electos en el exilio

En el caso de los cinco diputados electos en Bruselas, la situación es distinta. Después de que se retirara la euroorden de extradición, Puigdemont y el resto de consellers puede moverse libremente por todo el mundo menos por España, donde serían detenidos para responder de los mismos cargos que el resto del Govern cesado. Si eso ocurriera, probablemente serían encarcelados y de nuevo su presencia en las votaciones del Parlament dependería del juez.

Si estos ocho diputados no renunciaran a su acta y no pudieran acudir al hemiciclo, el independentismo se quedaría con 62 diputados, muy lejos de la mayoría necesaria para votaciones clave como la citada de la Mesa, o la investidura de un presidente de la Generalitat. JxCAT y ERC estudian si sería posible, por ejemplo, delegar el voto. El reglamento del Parlament deja claro que sólo es posible en casos de maternidad y/o paternidad, o de hospitalización grave.

No obstante, al independentismo le bastan cuatro de estos ocho diputados para lograr la mayoría simple y asegurarse la mayoría en la Mesa. Llegados a este punto, parece lógico que algunos de estos ocho diputados electos renuncien a su acta, dejen que corra la lista y que candidatos sin problemas de asistencia al pleno tomen el relevo. Recientemente, Demòcrates, el partido que concurrió el 21-D con ERC, reclamó a los consellers que renunciaran a sus actas de diputado para facilitar las cosas.

Ciutadans busca una más que improbable presidencia de la mesa

La posibilidad de que Cs obtenga la presidencia del Parlament es muy remota. No solo porque necesita esta extraordinaria ausencia de diputados independentistas, sino porque además requiere de un apoyo a su candidato Espejo-Saavedra por parte de Catalunya en Comú que se antoja imposible. Aunque el candidato naranja ya cuenta con los votos de PSC y PP -así lo han anunciado ambos partidos–, estos solo suman 57, y sin el apoyo de los comunes resulta imposible, por mera aritmética parlamentaria, superar al independentismo.

La Mesa del Parlament se escoge en tres bloques. Mediante voto con papeletas en urna, primero se elige al presidente o presidenta; después a los dos vicepresidentes, y finalmente, a los cuatro secretarios. Para la presidencia, cada diputado debe escribir un solo nombre en la papeleta y se elige el que obtiene la mayoría absoluta. Si no es así, se repite la votación solo con los dos principales candidatos, y se acaba por elegir el que más votos obtiene.