El anteúltimo despropósito del Tribunal Constitucional

El tribunal no aceptó el recurso del estado pero condicionó la eventual investidura de Puigdemont.

El debate en el Tribunal Constitucional sobre las implicaciones de la eventual investidura de Puigdemont encontró el sábado una vía de salida para asegurar la unanimidad entre los magistrados después de constatar que sobre el punto clave, el recurso del Gobierno, existían posiciones irreconciliables. A media tarde del sábado quedó claro que el TC estaba partido en dos mitades. Seis miembros del pleno eran partidarios de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno y los cinco restantes consideraban todo lo contrario. Es decir, estimaban que la impugnación debía rechazarse porque, como había apreciado un día antes el Consejo de Estado, se trataba de una iniciativa preventiva, opuesta, por tanto, a toda la jurisprudencia del Constitucional en la materia.

Y visto que el consenso en torno a la admisibilidad o no del recurso del Gobierno era inalcanzable, se abrió otro debate sobre cómo responder a la inquietud de fondo que planteaba la impugnación del Ejecutivo. Porque a nadie se le escapa que el recurso no era el objetivo. El objetivo era evitar la investidura a cualquier precio. Se abrió entonces una discusión sobre si era posible adoptar decisiones que resolvieran las dudas principales sobre la viabilidad de una investidura telemática o sobre la delegación de voto por parte de los diputados huidos a Bruselas.

Hasta ahora, para tomar medidas cautelares o para acordar la suspensión de un acto o disposición recurridas, había que admitir antes a trámite el recurso por el que daba inicio la controversia. Ahora ya no.

El problema era que, hasta ahora, el TC ha tomado medidas concretas de tipo cautelar después de decidir si un recurso es admitido o no a trámite. Pero adoptar tales medidas teniendo la impugnación en la heladera resultaba muy innovador.

Éstas son las medidas cautelares que aprobó el Tribunal Constitucional:

El antepenúltimo despropósito de un Tribunal Constitucional que, cuando la vía jurídica no funciona, no tiene ningún reparo en burlar su propio ordenamiento, en hacer magia, y sacar de la chistera una solución que agrade al gobierno del señor Rajoy.

P.A.