Los letrados consideran que los plazos de la investidura se han detenido y no se ha activado la cuenta atrás electoral

Si sigue el “bloqueo”, facultan al presidente y a los grupos a hacer acciones para activar el reloj.

Los letrados del Parlamento ya han entregado a la mesa de la cámara el informe sobre los plazos de la investidura, a raíz de que el gobierno español interpusiera un recurso contra el pleno de investidura de Carles Puigdemont y el acto se aplazara. Después de un choque interno sin precedentes sobre qué papel debía tener el presidente del Parlament, Roger Torrent, los letrados consideran que la cuenta atrás hacia las nuevas elecciones no ha comenzado. Recuerdan que el pleno no se ha celebrado por la decisión de un “órgano externo” -el Tribunal Constitucional- y que, por tanto, hasta que el alto tribunal no resuelva sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno los plazos de la investidura no pueden empezar a correr. Ahora bien, sí que apuntan vías para que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, pueda desbloquear la situación una vez que el TC haya decidido si estima o no el recurso.

De momento, pues, los letrados consideran que el Parlamento se encuentra dentro de los 10 días que la ley de la presidencia establece desde la elección del presidente de la cámara en la primera investidura. Y así será hasta que el TC no resuelva sobre si admite o no a trámite el recurso del Gobierno contra la propuesta de investidura de Carles Puigdemont.

Ahora bien, una vez se desvanezca esta incógnita, los letrados sí señalan caminos para desbloquear las instituciones. Siguiendo la doctrina del Consejo de Estado con el ‘tamayazo’, creen que el presidente del Parlamento podría hacer un “acto equivalente” a una investidura fallida para que empiece a contar el plazo de los dos meses hasta la convocatoria automática de las elecciones. La ley de la presidencia dispone que este plazo comienza a correr desde la primera votación de investidura en el pleno, un hecho que no se ha producido porque el TC suspendió cautelarmente la investidura de Carles Puigdemont si no era presencial y con permiso del juez.

Llegados al punto que los grupos mantuvieran Puigdemont como candidato y sigue vetado por el TC, Torrent podría comunicar al pleno que la propuesta no es viable y, a partir de ahí, podrían empezar a correr los dos meses hacia los nuevos comicios. Los letrados, sin embargo, también dan herramientas a los grupos parlamentarios. Se comprometen a estudiar si los grupos podrían emprender alguna acción para determinar también que la investidura no es factible y activar el reloj de las nuevas elecciones.

Los letrados consideran lo siguiente: “Si se prolonga la situación de interinidad o bloqueo institucional con posterioridad a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite de la impugnación, se podría considerar que el presidente del Parlamento, en ejercicio de la función institucional que tiene atribuida, está facultado para activar el inicio del plazo para la convocatoria automática de elecciones mediante comunicación a la cámara en la que constatara la imposibilidad de la investidura, sin perjuicio de su capacidad para iniciar una nueva ronda de consultas con los grupos políticos a efectos de formular nuevas propuestas. Asimismo, en el caso de que el presidente no impulsara el acto equivalente a una votación fallida, sin justificación objetiva y transcurrido un plazo razonable, se podría estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsaran este acto equivalente por medio de los instrumentos correspondientes “.

La firma, sólo del secretario general

El resultado del informe llega después de una semana de debate interno en el seno de los servicios jurídicos de la cámara. El texto, el ponente era el letrado mayor del Parlamento, Antoni Bayona, estaba listo desde la semana pasada. Sin embargo, las discrepancias con el secretario general, Xavier Muro, propiciaron que Bayona se desvinculara del informe.

El letrado mayor, que había recibido el encargo de ser el ponente del documento, centró su informe a argumentar que los plazos para la investidura quedaban congelados después de la suspensión de Torrent y, por tanto, no empezaban a correr los dos meses de límite hasta convocarse nuevas elecciones. Pero también incluyó varias alternativas que, a su juicio, podían ser el desatascador de la situación y que la investidura no quedara suspendida sine die. Además, señalaba el papel del presidente del Parlamento y la responsabilidad que podía o debía tener en este contencioso. Todo ello, sin embargo, no gustó en Muro, que discrepaba sobre la conveniencia de incluirlo en el informe.

Finalmente el documento ha incluido la posibilidad de que Torrent desbloquee la situación, pero Muro ha repartido la presión y también faculta a los grupos para impulsar “actos equivalentes” a una investidura fallida. De este modo, el informe alivia la presión en Torrent.